WASHINGTON—Una alianza poco común de entusiastas del Tea Party y líderes liberales en el Congreso trata de imponer cambios importantes en las leyes de sentencias obligatorios en medio de preocupaciones sobre tanto la justeza como el gasto de las prisiones federales.

El esfuerzo en el Congreso ocurre en momentos que el presidente Barack Obama y su gabinete llaman la atención sobre las sentencias obligatorias, especialmente en casos de delitos no violentos por drogas.

Los partidarios dicen que las sentencias mínima obligatorias son cosa del pasado, alegando que colocan a todos los culpables en una misma categoría y le quitan a los jueces su discreción. También cita el alto costo: el Departamento de Justicia gasta unos 6.400 millones de dólares, aproximadamente una cuarta parte de su presupuesto, en prisiones, y la cifra va en aumento.

"La gente viene aquí por diferentes razones, pero hay una oportunidad real", dijo el senador Dick Durbin, demócrata por Illinois, uno de los principales defensores de la reforma.

El esfuerzo se origina en el Senado, donde Durbin se ha aliado con incondicionales del Tea Party como el senador Mike Lee, republicano por Utah, sobre iniciativas que dan a los jueces más flexibilidad para determinar las sentencias en muchos casos de drogas. Al mismo tiempo, una coalición de demócratas y republicanos presiona a favor de cambios en la Cámara.


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El costo de las prisiones se ha disparado en los últimos 30 años, cuando entraron en vigor leyes que exigen sentencias obligatorias para muchos culpables de delitos de drogas. El costo anual de un reo federa oscila entre 21.000 y 33.000 dólares, según el nivel de seguridad. Aproximadamente la mitad de los 218.000 reos federales cumplen sentencia por delitos de drogas, y virtualmente todos enfrentaron algún tipo de sentencia mínima.

Una postura firme contra la delincuencia unió una vez a republicanos y demócratas que no querían parecer flojos ante la delincuencia. Y cambiar muchas de esas normas tiene ahora el mismo efecto.

La Ley de Justeza en las Sentencias, aprobada en 2010, contó con apoyo bipartidista para reducir las penalidades relacionadas con la cocaína en piedra. La iniciativa redujo la disparidad entre las sentencias por cocaína en piedra y otras drogas, aunque sólo tomó en cuenta los casos nuevos.

Durbin, uno de los principales patrocinadores de esa ley, ha redactado una mucho más amplia con Lee que amplía una llamada válvula de seguridad que ya está en los libros y que da a los jueces discreción sobre un número limitado de casos de drogas sin violencia. La nueva ley permitiría a los jueces la misma discreción para un grupo grande de culpables que enfrente sentencias obligatorias.

Es uno de los proyectos de ley sobre el tema que se espera que la Comisión Judicial del Senado analice a principios de año. Su presidente, Patrick Leahy, demócrata por Vermont, dijo que desea llegar a un acuerdo sobre una iniciativa de consenso.

En la Cámara, el representante Raúl Labrador, republicano por Idaho, un conservador del Tea Party, y el representante Bobby Scott, demócrata por Virginia, copatrocinan una ley muy similar a la de Durbin y Lee.

Varios grupos han expresado apoyo a la iniciativa Durbin-Lee y abarcan todo el espectro político, como la conservadora Heritage Action, el Colegio de Abogados de Estados Unidos, la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP) y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

En agosto, el secretario de Justicia Eric Holder exhortó al Congreso a hacer cambios permanentes en las leyes de sentencia y ordenó a los fiscales federales que no acusen a personas que han cometido delitos de drogas no violentos con cargos que conllevan a una sentencia mínima.

Poco antes de Navidad, Obama usó su autoridad para presionar sobre el tema y conmutó la sentencia a ocho personas que cumplían prisión por drogas.